Las observaciones surgieron durante el examen al Estado argentino ante Naciones Unidas. Organizaciones de mujeres con discapacidad participaron de la sesión y presentaron un informe alternativo que alertó sobre barreras en salud, empleo, acceso a la justicia y políticas contra la violencia.
Claves del informe presentado ante la ONU
- Barreras para acceder a servicios de salud sexual y reproductiva accesibles
- Solo el 25% de las mujeres con discapacidad accede al empleo
- Eliminación de intérpretes de lengua de señas para la atención por videollamada en la línea 144
- Persistencia de internaciones sin consentimiento y prácticas médicas forzadas
- Impacto de la eliminación de políticas interseccionales de prevención de las violencias
El grupo de expertas del Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de Naciones Unidas expresó su preocupación por la situación que enfrentan las mujeres y niñas con discapacidad en Argentina, en las observaciones finales emitidas tras el examen del país sobre el cumplimiento de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer.
El análisis se realizó en Ginebra durante la sesión en la que el Estado argentino fue evaluado por el Comité y respondió a las preguntas de las expertas. En ese proceso participaron también organizaciones de la sociedad civil, entre ellas organizaciones de mujeres con discapacidad que integraron la delegación argentina junto con otras organizaciones del movimiento de mujeres.
Las organizaciones Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos de Córdoba, el Observatorio de Salud Mental y Derechos Humanos de Córdoba, la Red de Asistencia Legal y Social (RALS), la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) y la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes (FAICA) elaboraron y presentaron un informe alternativo ante el Comité, en el que se analizan las principales vulneraciones de derechos que atraviesan las mujeres con discapacidad en el país.
Como parte de la delegación argentina de la sociedad civil participaron María Soledad Gélvez, presidenta de FAICA, y Gabriela Troiano, presidenta de REDI, con el apoyo de la Alianza Internacional de Discapacidad (IDA).
Durante la sesión pública con organizaciones no gubernamentales, las representantes de estas organizaciones brindaron información sobre el impacto de las políticas recientes en la vida de las mujeres y personas LGBTIQ+ con discapacidad. Tras la exposición y diálogo con las organizaciones, las expertas del Comité formularon preguntas al Estado argentino para profundizar en estas problemáticas, teniendo en cuenta la información aportada por la sociedad civil.
En sus observaciones finales, el Comité expresó preocupación por las múltiples y entrecruzadas formas de discriminación que enfrentan las mujeres y niñas con discapacidad, especialmente en el acceso a la justicia, la atención sanitaria, la educación, el empleo y la protección social.
Entre las problemáticas señaladas se encuentran las dificultades para acceder a servicios accesibles y de calidad en salud sexual y reproductiva, que atenta contra el derecho a la información y la libertad para decidir, la falta de ingresos suficientes para una vida autónoma y las barreras para acceder al empleo, que exponen a muchas mujeres con discapacidad a situaciones de dependencia e incluso de violencia económica.
Las organizaciones señalaron además la situación particular de las mujeres con discapacidad intelectual y psicosocial institucionalizadas, que continúan siendo sometidas a internaciones sin consentimiento y a prácticas médicas forzadas —como anticoncepción, abortos o esterilizaciones— que vulneran su derecho a decidir sobre su propio cuerpo y su fertilidad.
También se hizo referencia al grave perjuicio generado por la eliminación de políticas interseccionales de prevención de las violencias y, en particular, a la imposibilidad de acceso de las mujeres sordas a la línea telefónica de denuncias 144 tras la eliminación de intérpretes de lengua de señas para la atención por videollamada, lo que dejó sin un canal accesible de denuncia a muchas mujeres con discapacidad auditiva.
Durante el examen, el Estado argentino manifestó su desacuerdo con la aplicación del enfoque interseccional en las políticas públicas. Si bien afirmó comprender el concepto, sostuvo que no está obligado a generar políticas con ese enfoque y argumentó que el exceso de categorías para analizar las desigualdades podría dejar por fuera a quienes no son nombrados por ellas.
Para las organizaciones de personas con discapacidad, y especialmente para las mujeres con discapacidad, la aplicación de un enfoque interseccional en las políticas públicas es fundamental, ya que permite visibilizar situaciones de exclusión, vulneración de derechos y violencias que no pueden comprenderse de manera aislada.
Las organizaciones también señalaron que la situación económica impacta de manera desproporcionada en las mujeres con discapacidad. Apenas una de cada cuatro logra acceder al empleo, lo que limita las posibilidades de contar con ingresos propios y desarrollar una vida autónoma. Una realidad que echa por tierra el relato oficial de disminución de los niveles de pobreza e indigencia, que los representantes del gobierno repitieron ante el Comité. El informe de las mujeres con discapacidad denunció que el Estado no solo abandonó completamente su obligación de intervenir para reducir la pobreza estructural, que impacta desproporcionadamente a grupos como las mujeres, niñas y personas LGBTIQ+ con discapacidad, sino que por lo contrario, atentó directamente contra miles de personas beneficiarias de pensiones no contributivas, a quienes se les ha dado de baja, y contra quienes esperan su otorgamiento desde 2024.
“El tiempo es de nosotras” la canción que nació del proyecto Dislocadas. Las reflexiones en torno a los cuidados y apoyos de ese proyecto se incluyeron en el informe alterno.
Durante la sesión, los funcionarios que representaron al Estado argentino también expresaron su postura contraria a la ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo y a las políticas públicas de cuidado, señalando que “el cuidado debería surgir de la solidaridad familiar” y que “no corresponde estigmatizar a las mujeres que eligen asumir esa tarea de manera voluntaria”. La postura del gobierno retrocede al modelo clásico de cuidados intrafamiliares, que hace años las organizaciones de mujeres, y de las personas con discapacidad vienen denunciando: entre la distribución desigual y no reconocida de las tareas de cuidado -muchas veces ejercido por las propias mujeres con discapacidad- y las relaciones en condiciones de dependencia, sobreprotección y sobrecarga familiar que históricamente ha generado. El documento de observaciones del Comité concluyó que la ausencia de un sistema nacional de cuidados perpetúa la sobrecarga de trabajo no remunerado que recae sobre las mujeres y limita su autonomía económica y la autonomía de las personas con discapacidad.
Las organizaciones destacaron que la inclusión de estas problemáticas en las observaciones del Comité demuestra la importancia de la participación de la sociedad civil —y en particular de las propias mujeres con discapacidad— en los mecanismos internacionales de monitoreo de derechos humanos.
En el camino hacia el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, las organizaciones llaman a visibilizar la situación de las mujeres con discapacidad y a exigir al Estado argentino el cumplimiento efectivo de sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos.
Video de la sesión pública: https://webtv.un.org/en/asset/k1k/k1ki96qjdp
