El viernes pasado estuvimos en la audiencia por el proyecto de Ley Marco de los Derechos de las Personas con Discapacidad. Un día después de la promulgación en la Cámara de Senadores de la Ley de Emergencia en Discapacidad, volvimos a encontrarnos en la reunión organizada por el Presidente de la Comisión de Discapacidad, el diputado Daniel Arroyo, esta vez para seguir aportando al proyecto de Ley Marco, que distintas organizaciones habíamos presentado en diciembre pasado, y que recibirá aportes de organizaciones de todo el país en los próximos días, antes de ser presentada formalmente en la comisión legislativa.
El proyecto de Ley Marco de los Derechos de las Personas con Discapacidad busca reemplazar la actual Ley 22431 que aunque suene increible subsiste desde la dictadura.
Si, la actual ley vigente, que plantea cómo el Estado debe actuar y responder en relación a la discapacidad es una ley que (con algunas modificaciones realizadas en democracia) viene desde el año 1981. De hecho, la dictadura la promulgó luego de derogar la Ley 20.923 que había sido promulgada en 1974 e impulsada por organizaciones de personas con discapacidad de aquellos años. La dictadura además persiguió a quienes estaban organizados en el “Frente de lisiados peronistas”, algunos de ellos siguen desaparecidos.
A partir de la ratificación de la Convención en nuestro país, la incongruencia de esta vieja ley con el paradigma de derechos humanos y del modelo social de la discapacidad se volvió cada vez más evidente. En los distintos momentos de revisión de la implementación de la Convención en Argentina, (en 2012, 2017 y 2023) el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU ha instado al Estado a armonizar nuestras leyes para que estén en sintonía con la Convención. Principalmente se refirieron a la Ley 24901 del año 1997 (que instaura sistema de servicios para personas con discapacidad desde un modelo médico/rehabilitador) y la vieja ley que estamos tratando de modificar con este nuevo proyecto de Ley Marco.
Reunión abierta con organizaciones
En la reunión de dos horas, realizada en el Edificio Anexo de la Cámara de Diputados de la Nación, participaron representantes de diversas organizaciones de personas con discapacidad, organizaciones políticas, organizaciones de derechos humanos tanto nacionales como de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Después de la bienvenida y introducción del diputado Arroyo, la encargada de presentar en líneas generales el proyecto de Ley fue Gabriela Troiano, de Redi organización que impulsó este proyecto retomando un proceso de redacción y aportes en audiencias en distintas ciudades del país, que se había realizado desde la gestión anterior de la Andis (entre el 2022 y 2023)
Luego intervinieron en nombre de las demás organizaciones que participaron en la redacción del proyecto: Martín Passini por la Mesa de Trabajo en Discapacidad y DDHH, José Luis Núñez por Faica y Carlos Venini por la Asociación Andar. El proyecto además tiene la firma de la APDH (Asamblea Permanente por los Derechos Humanos), que no pudo estar presente en la reunión.
Luego intervinieron representantes de organizaciones que realizaron aportes y comentarios al proyecto: Celeste Fernandez, de Acij; Sofía Soberon, del Cels; Eduardo Joly por la Fundación Rumbos, Sebastian Rositto via zoom, desde Rosario en representación de la Universidad Nacional del Litoral, Florencia Braga Menéndez, por Alapa; Gustavo Goyechea del Frente Discapacidad del partido Nuevo Encuentro, Juan Cobenas por la Asociación Azul, “Johny de la Silla” de Argentina Humana, Norma Churquina de Ajupef (via zoom desde Jujuy), Daniel Ramos de Caidis, Sabrina Herreros de Asdra, Luis Lucero del Colegio de Abogados de la provincia de Buenos Aires, Elizabeth Aimar de RALS (Red Asistencia Legal y Social) entre otros representantes. Cerró la lista Juan Ordoñez, también de REDI quien brindó algunas precisiones técnicas y respondió algunas inquietudes de intervenciones anteriores.
En un marco de apoyo general al proyecto de ley, las intervenciones fueron sumando diversos aportes, tanto en el texto del proyecto como en el proceso, demandando más instancias de participación para personas con discapacidad de todo el país. Algunos aportes fueron en relación a tener mayor precisión en distintos artículos para que los funcionarios públicos que deban reglamentar y ejecutar la ley no tengan demasiado margen para interpretar y actuar con arbitrariedad. Así como explicitar que responsabilidades les caben a los distintos niveles de Estado nacional y provinciales. También se reclamó mayor precisión, claridad respecto de la educación inclusiva, que debe ser garantizada.
Además se expresó la necesidad de incorporar políticas en relación a la investigación científica, incluyendo la investigación médica (particularmente en relación a enfermedades raras), sin que ello implique un “retroceso al modelo médico”.
También se apoyó la transformación de la naturaleza de la pensión, para que no sea de invalidez sino una asignación por discapacidad, pero debería ser un monto mayor (esto también en relación a la flamante ley de emergencia). También varios aportes apuntaron a que el proyecto de ley sea más ambicioso en diversos temas, como el ejercicio de la capacidad jurídica, la vida independiente, la asistencia personal, etc.
Particularmente, las intervenciones coincidieron en el rechazo a cualquier intento del gobierno de vetar o judicializar la Ley de Emergencia, así como en la importancia de fortalecer el colectivo, que fue clave en la movilización sostenida en todo el país, para la promulgación de esta ley, y debe sostenerse en un contexto de tantos retrocesos y vulneración de los derechos de las personas con discapacidad en nuestro país: “seguiremos manifestándonos de todas las maneras a nuestro alcance, en todas las plazas del país, en las redes, en los carteles, en los medios, en este Congreso”.
