Compartimos la entrevista realizada el jueves de la semana pasada a nuestro compañero Martín Passini, integrante de la Mesa de Trabajo en Discapacidad y DDHH, quien fue consultado por el programa La Super Mañana, de Radio Suquía, en relación los conflictos que se vienen dando en las últimas semanas, a partir de demoras y deudas en el pago a prestadores que brindan servicios a personas con discapacidad, las movilizaciones de organizaciones de prestadores con reclamos en contra del “ajuste en discapacidad” y sobre la relación entre estas protestas, y los derechos de las personas con discapacidad en esta agenda.
En la entrevista para el programa conducido por los periodistas Lalo Freyre y Sandra Franco, Passini expuso algunos de los puntos centrales que ocupa la agenda pública en relación a discapacidad por estos días: la demora en los pagos a prestadores que brindan distintos servicios a personas con discapacidad (salud, educación, rehabilitación, transportes, etc.), sobre el funcionamiento del Fondo Solidario de Distribución (FSD) que se conforma con fondos de la seguridad social (aportes de trabajadores y empleadores) y al que el Estado en los últimos tiempos viene inyectando fondos periódicamente, (ante el virtual quebranto del sistema) y que financia las prestaciones brindadas a personas con discapacidad que son afiliadas a las obras sociales nacionales; la información sobre un proyecto de DNU, que finalmente no se efectivizó, que proponía crear un sistema nuevo que integraría el FSD con fondos del Tesoro y que habría podido implicar (según un análisis a priori del proyecto) el traspaso del financiamiento de algunas prestaciones al tesoro nacional, (particularmente transporte y prestaciones educativas).
Cabe aclarar, que el sistema en realidad fue actualizado recientemente a partir de la creación en el 2016 del llamado Mecanismo de Integración, que en los hechos ha logrado agilizar el proceso de facturación y efectivización del cobro, por lo que mientras en el pasado era usual tener demoras de hasta 90 días, en la actualidad se reduce al cobro al mes siguiente de presentada la facturación. Por esta razón, esta demora además de afectar concretamente a los prestadores (organizaciones, profesionales, transportistas) por el contexto de alta inflación, también se ha visto como una afectación a un sistema que había aceitado su funcionamiento a pesar del contexto. Este cambio no quedó suficientemente claro en la entrevista.
Pero además, y al final, Passini comentó sobre los temas que son centrales para las personas con discapacidad y el ejercicio de sus derechos, en relación al sistema prestacional, y que, como viene siendo costumbre en estas situaciones de conflictividad, no vienen siendo incorporadas suficientemente a la agenda de debates públicos, y que puede resumirse en una pregunta: ¿está el sistema prestacional y las prestaciones actualmente incorporadas al nomenclador de este sistema, realmente armonizado con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad? ¿Apuntan estos servicios (y la normativa que regula todo el sistema) a promover la autonomía, la autodeterminación, la libertad de la toma de decisiones, de las personas con discapacidad, de acuerdo a lo que estipula la Convención, o al contrario, refuerzan relaciones de dependencia de las personas con espacios, centros, y un sistema segregado de la sociedad? Y por lo tanto, finalmente, ¿cuál es el lugar real de los derechos de las personas con discapacidad en esta conflictividad?
La sensación es que, en realidad, el acceso y ejercicio de derechos de las personas con discapacidad no empieza y termina con el sistema prestacional. Es mucho más amplio y va mucho más allá. Habría que tener cuidado en los efectos que genera restringir los primeros al segundo.
