En tiempos de exigibilidad de extremos cuidados para todes, queremos poner a consideración la situación actual por la que transitan miles de personas con discapacidad y sus familias en condiciones de aislamiento, que aunque obligatorio, arrastra serias dificultades en su sostenimiento, no sin generar malestares y vulneraciones a sus derechos. Las políticas del cuidado deben ser articuladas respetando las singularidades, a sabiendas de que la heterogeneidad de situaciones dentro de los hogares nos interpela para pensar estrategias que contemplen las necesidades de todes.
Vemos con preocupación que no se está considerando de manera integral la situación actual de las personas con discapacidad en el marco de la pandemia del Covid-19. Cotidianamente nos encontramos con testimonios de personas con discapacidad que enumeran las dificultades que les implica el aislamiento obligatorio impuesto desde el 20 de marzo.
Reconocemos la decisión de estos días del presidente de la nación en la que incorpora, en esta nueva etapa de cuarentena administrada, entre las excepciones de la prohibición de circulación a las personas con discapacidad (aunque hayan sido incorrectamente nombradas como “personas discapacitadas” y confusamente el decreto mencione a las personas “autistas” como si se tratara de otro colectivo). La consideración de un derecho como éste llega con algunas semanas de retraso, durante las cuales fuimos testigos de algunas comunicaciones que luego fueron redefinidas a la luz del cuestionamiento del movimiento asociativo de personas con discapacidad. La marcha atrás de algunas definiciones son una clara consecuencia de la movilización que las organizaciones de y para personas con discapacidad logran, aún en tiempos de desarticulación.
Un recuento
Para gran parte del colectivo la fecha de inicio del aislamiento significó un corte en su asistencia a los escasos espacios que suelen habitar -muchos y muchas sujetos y sujetas a la fragilidad (arbitrariedad) que su inscripción a una obra social les permite- y que les significan nada más ni nada menos que el único trampolín posible para el acceso a sus derechos: centros de día, centros educativos terapéuticos, centros de rehabilitación, escuelas especiales, talleres sociolaborales, etcétera. Espacios que en su mayoría venían fuertemente golpeados en lo económico (arrastrando dificultades de sostenimiento por los recortes de la anterior gestión) y con sus recursos humanos debilitados por los atravesamientos de sus precarias inserciones laborales.
Sobre llovido, mojado. La pandemia no reparó en la crisis del sector como era de esperar y a la ansiedad generada por ese “enemigo invisible” se le sumó la certeza de saberse aún más excluides.
Frente a la ausencia de medidas oficiales que fueran más allá de la suspensión de las prestaciones básicas (contempladas en ley 24.901) y que pudieran indicar cómo se continuaba respondiendo a demandas de acompañamiento, contención, escucha, salud, rehabilitación, educativas, apoyos materiales, simbólicos y afectivos de las personas con discapacidad y sus familias, los trabajadores y trabajadoras independientes y nucleados en diversas instituciones se pusieron al hombro el reclamo de la ausencia de respuestas de cuidado, organizándose.
Primero implementaron dispositivos de acompañamiento de emergencia, tentativos, orientados a acompañar fundamentalmente a aquellas personas con más dificultades para comprender la necesidad del distanciamiento social, que luego, con el paso de los días, lograron tomar forma y constituirse en verdaderos nuevos modos profesionales de trabajar y acompañar: llamadas telefónicas, video-llamadas, actividades vía whatsapp, videos o audios explicativos, materiales on line para imprimir, con propuestas grupales o personalizadas según el caso. La falta de previsión sucumbió frente a novedosas formas familiares y profesionales de poner el cuerpo, acompañar y contener en cuarentena. Aclarando que no obstante no lograron cubrirse las necesidades de apoyos presenciales imprescindibles que requieren algunas personas con discapacidad, que ven en riesgo su vida, su salud o su inclusión educativa.
En paralelo la información pandémica saturaba redes sociales y llenaba memorias de celulares con una característica en común: las condiciones de accesibilidad en la información brillaban por su ausencia. Como es habitual, nada desconocido para muches.
Nada permitió vislumbrar la resolución 308/2020 de la Superintendencia de Servicios de Salud que indicaría que esas prestaciones no presenciales brindadas desde el 20 de marzo serían abonadas al 50 por ciento y por tanto el rechazo fue enérgico: de profesionales prestadores, familiares y personas con discapacidad que antes del reclamo tuvieron que atravesar por supuesto la angustia y la incertidumbre nuevamente. ¿Cómo se acompaña al 50 por ciento? ¿Cómo se demanda al 50 por ciento?. Afortunadamente en cuestión de horas fue dejada sin efecto. Del mismo modo que fue dejada sin efecto en cuestión de horas aquella resolución, que en los albores de esta pandemia autorizaba a las personas con discapacidad a realizar salidas llevando alguna ropa o distintivo azul. Como si el colectivo de personas con discapacidad necesitara estar más estigmatizado.
Aislamiento sí, privación de derechos no
En medio de múltiples declaraciones juradas, permisos de circulación, decretos, decisiones y resoluciones administrativas pensadas para niñes, para trabajadores indispensables por sus profesiones u ocupaciones en tiempos de virus, para adultos mayores y sus cuidadores y demás grupos poblacionales que han podido apropiarse de esos recursos (por cierto facilitadores de la vida), las marchas y contra-marchas en relación a aquello que es pensado desde los principales organismos de gobierno generan intranquilidad.
Muestra cabal de la desarticulación reinante que es propiciada por un escenario que no pudo ser anticipado por nadie, pero también fruto del desconocimiento de las necesidades y los derechos del colectivo de personas con discapacidad y sus familias, que son siempre hablados y habladas por otres.
¿Cuándo? Políticas de cuidado. Imagen: foto de reloj. Fuente: internet
El colectivo de pcd exige medidas estatales mientras dure la cuarentena, que respondan al marco de derechos humanos propuesto por la Convención y entre otras cosas puntualizan en:
- La continuidad de los tratamientos y acompañamientos vía teleasistencia mientras dure la cuarentena con pago total a prestadores
- Las prestaciones profesionales a domicilio de rehabilitación, educativas y de asistencia personal de estricta necesidad, impostergables, y que no admitan su realización en modo virtual, por resultar imprescindibles para la vida, la salud y la educación, pagos en su totalidad a sus prestadores incluyendo los viáticos necesarios para llevarlas a cabo
- Accesibilidad en la información referida al Covid 19
- Participación en las decisiones que les impliquen
- Ingresos económicos de compensación (con la vigilancia necesaria además, para que cada persona pueda cobrar efectivamente las pensiones no contributivas de las que son titulares, debido a las crecientes denuncias por la imposibilidad de percibir sus haberes).
- Las semanas suceden y la situación de reconocimiento de derechos apenas avizora.
La excepcionalidad y la imprevisibilidad de la situación pandémica no borran de un plumazo 4 años de pisoteo negligente de la gestión anterior y el recorte presupuestario sufrido por el sector en particular y el sistema de salud en general, que hoy paga las consecuencias.
