La estrategia autoritaria del poder ejecutivo que atenta contra los derechos de las personas con discapacidad y el sistema de apoyos.
El 22 de septiembre de 2025, el Poder Ejecutivo Nacional publicó en el Boletín Oficial, el Decreto 681/2025, mediante el cual se promulga la Ley de Emergencia en Discapacidad pero, de manera contradictoria e inaceptable, suspende su ejecución hasta que el Congreso de la Nación defina la fuente de financiamiento.
Inmediatamente, el Poder Ejecutivo emitió la Decisión Administrativa N°24/2025 que ordena un incremento presupuestario para la Agencia Nacional de Discapacidad, a partir del 1° de octubre. Entre los considerando expresa: “…si bien, (…) la ley (de emergencia) se encuentra suspendida en su ejecución (…); el PODER EJECUTIVO NACIONAL readecuará los créditos presupuestarios necesarios de la Administración Pública Nacional para dar respuesta, a partir del 1° de octubre del corriente año, al reclamo de actualización formulado por los prestadores del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad.” El incremento fijado en esta norma, para la ANDIS es de $121.363.881.238.
Luego de esta publicación, al día de la fecha se desconoce el destino efectivo que tendrán de estos fondos. Es decir, no se conoce cómo se administrará, ni a quiénes beneficiará. Aunque la norma menciona “el reclamo de actualización formulado por los prestadores” en el marco de la última Asamblea Extraordinaria del Consejo Federal de Discapacidad (COFEDIS) realizada la semana pasada, el interventor de la Agencia, Dr. Alejandro Vilches, manifestó desconocer cómo se distribuirán estos fondos.
Cabe aclarar que es el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad el órgano encargado de determinar los aumentos de aranceles para dichas Prestaciones. Este cuerpo está presidido por el Director de la ANDIS y lo integran representantes de distintos organismos del Estado Nacional (Ministerio de Salud, Superintendencia de Servicios de Salud, PAMI, etc.) y representantes de organizaciones de la sociedad civil y el COFEDIS. En este año, la ANDIS no ha convocado aún al directorio. El actual interventor fue consultado en la mencionada asamblea del Consejo Federal, y respondió que no fue aún convocado “por falta de sustento jurídico y necesidad de conocer impacto económico”.
El anuncio no sólo es ambiguo y confuso, sino sobre todo, insuficiente. Las demandas del colectivo que lograron plasmarse en la Ley de Emergencia no se limitan a un aumento puntual y determinado de manera arbitraria. Lejos de brindar una solución real, se parece más a un nuevo intento de dividir la lucha del colectivo con nuevas promesas de aumento. En cada una de las instancias del debate legislativo por la Ley de Emergencia, el Gobierno Nacional realizó anuncios por parte del Vocero Presidencial, (o dejó circular entre los medios de comunicación) de supuestos aumentos para las prestaciones que luego nunca se materializaron. Ahora avanzó un paso más, publicando en el Boletín Oficial esta reasignación presupuestaria, pero como fue expresado más arriba, sin explicitar el destino de esos fondos. No se sabe si serán para el Programa Incluir Salud, para el pago directo a determinados prestadores, para incrementar el Fondo Solidario de Redistribución o para otros gastos inespecíficos. En el caso que el destino de estos fondos sea finalmente una compensación de emergencia para prestadores, estará apenas empezando a cumplir con lo que la Ley plantea.
Toda esta falta de claridad y contradicciones se dan en un escenario de crisis sin precedentes que sólo se agrava día a día a pesar de la conquista histórica legislativa, desconocida por un gobierno que sigue transgrediendo los límites de la democracia.
Aunque la Ley de Emergencia no es una ley de fondo (declara el estado de emergencia hasta diciembre del próximo año) no se limita a brindar un aumento en condiciones de arbitrariedad y al contrario, brinda un atisbo de previsibilidad a un sector que lo demanda imperiosamente.
En consecuencia, todo el colectivo repudia la manera en que se publicó la ley de emergencia en discapacidad:
- Rechazamos esta medida, que consideramos inconstitucional, autoritaria y arbitraria.
- Lo vivimos como una ofensa y un agravio más, después de meses agotadores de lucha, en los que defendimos un sistema de apoyos que la Argentina construyó con esfuerzo y que es reconocido como ejemplo en el mundo. Ley que pasó por todas las instancias parlamentarias y FUE APROBADA por amplia mayoría, pero que el gobierno insiste con no cumplir, destruyendo el sistema cada día un poco más.
- Sentimos que se intenta manipular a un colectivo que se ha mantenido unido y fuerte frente al atropello del gobierno.
- Defendemos honorarios dignos para quienes brindan apoyos a las Personas con Discapacidad, pero también defendemos que no se recorten de manera injusta y cruel las pensiones, y exigimos la compatibilidad laboral que establece la propia Ley.
Lo que enfrentamos es profundamente doloroso. Nos lastima y nos lleva a situaciones de extrema angustia, mientras seguimos sosteniendo con esfuerzo cotidiano los servicios y el acompañamiento a quienes más lo necesitan.
Queremos que toda la sociedad sepa que no vamos a permitir que nos dividan ni que se aprovechen de la coyuntura. La emergencia es un estado de urgencia que permite al Estado tomar medidas extraordinarias para proteger y promover los derechos de las personas con discapacidad. Seguiremos defendiendo los derechos conquistados y exigiendo la plena aplicación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. NI UN PASO ATRÁS.
Firmantes:
Cámara de Prestadores de Discapacidad (CA.PRE.DIS), Federación Converger, Asamblea de Trabajadores por la Inclusión (ATI) y la Mesa de Trabajo en Discapacidad y Derechos Humanos.
