“Estamos ante una violación generalizada y desesperante de los derechos de las personas con discapacidad”

Denuncia de organizaciones de la sociedad civil ante el Comité de Naciones Unidas

En un informe crítico que responde a una solicitud de información del Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de Naciones Unidas, organizaciones de la sociedad civil denunciamos que las políticas de discapacidad del gobierno argentino están generando una vulneración generalizada de los derechos de todo el colectivo. Desguace de políticas públicas, inconstitucionalidad de la auditoría de las pensiones y colapso del sistema prestacional, los principales focos que sintetizamos aquí.

Las críticas a las irregularidades de la llamada “auditoría de las pensiones por discapacidad” -que el gobierno lanzó en el 2024 y profundizó durante este año- así como al deterioro general de las políticas públicas en materia de discapacidad, se reiteran a lo largo del país y llegaron también al Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU. Este organismo, encargado de examinar la implementación de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad en los países que la ratificaron -tal es el caso de Argentina- solicitó a la delegación oficial del Estado parte y a las organizaciones de la sociedad civil información ampliada y actualizada, para examinarlas en el marco del 33º período de sesiones, que inicia hoy hasta el 26 de este mes. El gobierno tenía plazo hasta hoy para responder. 

En el último año, venía recibiendo sucesivas denuncias e informes que alertaban sobre los retrocesos en las condiciones de acceso a las pensiones no contributivas, las falencias en los procesos de auditoría impulsados por el Estado Nacional, el debate en torno a la Ley de Emergencia, el estado de los servicios prestacionales y otras vulneraciones de derechos que está atravesando este colectivo.  Las alertas encendidas hace tiempo motivaron este pedido de informe, que siguiendo un procedimiento protocolar está dirigido a la Misión Permanente de Argentina ante la Oficina de las Naciones Unidas en Ginebra, y en paralelo también a las organizaciones que representan a las personas con discapacidad.

Irregularidades y vulneraciones de derechos en la llamada auditoría de pensiones

Las primeras preguntas del pedido de informe refieren a la modificación normativa que el gobierno impulsó para el acceso de las pensiones para las personas con discapacidad, así como las afectaciones que este cambio generó en este colectivo. También pregunta sobre la forma de implementación del proceso de auditorías y sus consecuencias. Las organizaciones denunciamos que por la aplicación del nuevo marco regulatorio, que reintroduce requisitos inconstitucionales, y por las irregularidades del proceso de auditoría ya se suspendieron miles de pensiones, y está en riesgo la vigencia de muchas más.  El propio vocero presidencial anunció el 8 de agosto la suspensión de 110.522 pensiones, afirmando que “habían sido mal otorgadas en gestiones anteriores”. Sin embargo, la mayor parte de las suspensiones se están realizando a personas con discapacidad que nunca recibieron la carta documento para asistir a la auditoría. Recordamos al comité que el proceso de auditoría tiene graves falencias, por ejemplo: las citaciones se realizan únicamente por carta documento, un medio inaccesible y que no llega a muchos lugares del país por dificultades con el servicio de correo. Según las cifras informadas por la propia Agencia Nacional de Discapacidad, a junio de este año un 46% de las citaciones no habían podido ser entregadas. 

También manifestamos nuestra preocupación por la falta de información sobre las causas de la suspensión y las vías para realizar un reclamo que se brinda a las personas afectadas, dado que muchas de ellas no recibieron ninguna notificación y toman conocimiento al ver que no tienen el dinero disponible. Todo esto, en un contexto en el que la interrupción de la pensión supone la pérdida de un ingreso que aunque es insuficiente, es fundamental para costear necesidades básicas y al mismo tiempo, ocasiona la pérdida automática de la cobertura del Programa “Incluir Salud”, con la consiguiente falta de continuidad de sus tratamientos y la falta de acceso a prestaciones esenciales para la salud y la vida de las personas.

Desguace de políticas públicas y veto a la Ley de Emergencia.

Por otra parte, ante la consulta sobre los recursos financieros de la Agencia Nacional de Discapacidad, informamos al Comité que entre 2023 (último año con presupuesto aprobado por el Congreso) y 2025 los recursos presupuestarios total de la Agencia disminuyeron en un 19,3%, siendo esta caída más marcada en algunos programas como “Acciones de Integración de Personas con Discapacidad”, cuyos recursos cayeron en un 70%, y  “Prevención y Control de Discapacidades”, en un 63,7%.

En respuesta al pedido de información sobre el estado actual de la Ley de Emergencia y la situación del Sistema de Prestaciones Básicas, las organizaciones informamos acerca del veto total de la Ley, situación que mantiene la situación crítica del Sistema de Prestaciones Básicas, por la falta de actualización del Nomenclador en relación a la inflación. En consecuencia, denunciamos que muchos prestadores deben dejar de prestar los servicios y prestaciones, o solo las brindan parcialmente, por lo que actualmente miles de personas con discapacidad ya no pueden acceder a prestaciones fundamentales para salvaguardar su salud, su educación y hasta su vida. 

El documento está firmado por la Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI), la Asociación Civil Andar, la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Federación Argentina de Instituciones de Ciegos y Ambliopes (FAICA), la Asociación Civil Mesa de Trabajo en Discapacidad y DDHH, la  Red de Asistencia Legal y Social (RALS) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y será considerado por el Comité en su 33° período de sesiones, que se desarrolla entre el 11 y el 26 de agosto.